Proyecciones agrícolas frente a un doble frente de riesgo
Por Magaly Vergaray, directora de Auditoría de KPMG en el Perú
Ante la coyuntura actual, surge una pregunta inevitable: ¿está realmente preparado el sector agrícola para tomar decisiones en un entorno donde los supuestos cambian más rápido que las propias campañas? La planificación de las campañas agrícolas 2026 y 2027 se desarrolla en un escenario particularmente desafiante. Las recientes anomalías climáticas en diversas zonas productivas del país, sumadas a la inestabilidad geopolítica internacional, han incrementado la incertidumbre sobre variables clave del negocio agrícola: rendimientos, costos de producción y valorización de activos biológicos.
Durante los últimos meses, productores y agroexportadores han registrado mayores fluctuaciones en los rendimientos esperados, asociadas a variaciones en temperaturas, irregularidad de lluvias y episodios de estrés hídrico.
A este entorno climático se añaden experiencias previas como El Niño Costero 2017 y El Niño 2023–2024 y la presión derivada de tensiones en Medio Oriente, que han evidenciado cómo los conflictos internacionales pueden afectar indirectamente al sector agroindustrial. En este contexto, las proyecciones de rendimiento y los supuestos utilizados para valorar los cultivos en desarrollo dependen de variables como productividad, precios de mercado y costos de cosecha.
Cuando estos factores se ven afectados por cambios climáticos o de mercado, las estimaciones financieras pueden requerir ajustes significativos. El impacto para las empresas agroindustriales es directo, especialmente para aquellas que reportan resultados trimestralmente, ya que cualquier variación en los supuestos productivos o de costos se refleja de inmediato en la valorización de los cultivos y, por ende, en los resultados financieros del periodo. Si estos supuestos no se revisan oportunamente, pueden generarse distorsiones relevantes en los estados financieros.
Una sobreestimación de rendimientos o una subestimación de costos puede llevar a reconocer un valor mayor de los activos biológicos durante la campaña. Por ejemplo, si un fundo proyecta obtener 20 toneladas por hectárea de arándanos, pero debido a estrés hídrico y menor cuajado el rendimiento real termina siendo 14 toneladas, el modelo de valorización reflejará inicialmente un valor razonable inflado. Cuando se materializa la cosecha real, la empresa debe registrar un ajuste negativo para corregir dicha sobrevaloración, afectando directamente la utilidad del periodo.
Este efecto no se limita al resultado: también distorsiona márgenes operativos, ratios de endeudamiento y proyecciones de flujo de caja, impactando la información utilizada por inversionistas, acreedores y otros usuarios de los estados financieros, especialmente en empresas que reportan trimestralmente, donde estos cambios se reflejan de forma inmediata en la valorización del cultivo y en los indicadores financieros del periodo.
Ante este entorno retador, las empresas del sector están reforzando sus procesos de planificación agrícola y estimación financiera. En esa línea, es recomendable:
- Incorporar escenarios climáticos alternativos al estimar rendimientos.
- Revisar periódicamente los supuestos productivos y de costos utilizados en la valorización de cultivos.
- Monitorear variaciones en costos de fertilizantes, energía y logística.
- Fortalecer la coordinación entre áreas agronómicas, financieras y de planeamiento para actualizar proyecciones.
Más que una coyuntura puntual, la evidencia reciente demuestra que la variabilidad climática y la incertidumbre geopolítica serán factores cada vez más recurrentes en el negocio agrícola. Por ello, la capacidad de revisar oportunamente las proyecciones de rendimiento y ajustar los supuestos de valorización de activos biológicos será decisiva para una gestión financiera más sólida y una mejor toma de decisiones.
En agro, anticiparse siempre ha sido una ventaja competitiva. Hoy, esa anticipación exige revisar a tiempo los supuestos que sostienen las proyecciones, antes de que la realidad del campo obligue a hacerlo. Los gastos asociados a la crisis climática o energética deben superar la prueba de causalidad. Es decir, el vínculo con la generación o mantenimiento de la fuente, razonabilidad y proporcionalidad, además de acreditar la realidad de las operaciones y su devengo oportuno. En un año como este, el sustento documentario no es solo una formalidad, sino una garantía de que el gasto tendrá efecto fiscal como una partida deducible.
Las pérdidas extraordinarias exigen transparencia. Inundaciones, huaicos o fallas de infraestructura pueden destruir inventario en tránsito o en almacén. Si existe seguro, la deducción no será admitida y el ingreso por el resarcimiento del daño patrimonial no será gravable; si no lo hay, el contribuyente debe probar fehacientemente el siniestro y su nexo con el evento, con actas, peritajes, fotografías, reportes oficiales y constancias de disposición final. Hacerlo bien no solo protege el resultado del ejercicio; sobre todo, reduce la exposición a reparos que hacen más costosa la carga fiscal, los que suelen aparecer cuando el evento ya ocurrió.
Ahora bien, toda estrategia fiscal preventiva en un año de emergencia debe empezar por documentar el clima con evidencia oficial. Incluir en los papeles de trabajo tributarios avisos y pronósticos de SENAMHI para la zona y ventana temporal del evento, así como mapas de riesgos del CENEPRED manteniendo así la trazabilidad objetiva del entorno que motivó la decisión de negocio y, por extensión, los gastos o costos extraordinarios o la pérdida tributaria.
La agroindustria peruana administrará adecuadamente el riesgo fiscal bajo la actual coyuntura si convierte la evidencia en ventaja mediante informes técnicos probos para mermas, protocolos para desmedros, causalidad y fehaciencia blindadas para gastos extraordinarios, cobertura cambiaria documentada y precios de transferencia que reflejen la economía real de la cadena. Ese es el estándar que este año nos exige, y estambién, la forma más sensata de proteger el resultado fiscal de 2026 y una posición fiscal sólida de cara al 2027.